MEDIOS NACIONALES

Detrás de los llamados de paz que están haciendo los grupos de crimen organizado con la llegada de Gustavo Petro al poder, hay un tejido de relaciones, fracasos y conspiraciones que se ha venido armando durante los últimos ocho años.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

Tomado de: El Colombiano